Acusan a Fujimori de violar los derechos humanos con las esterilizaciones forzadas

 Acusan a Fujimori de violar los derechos humanos con las esterilizaciones forzadas

La Fiscalía de Perú reiteró que la Justicia debe abrir una investigación al respecto contra el expresidente.

La Fiscalía de Perú sostuvo este miércoles que las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori constituyen violaciones de los derechos humanos y reclamó justicia para las más de 1.300 víctimas.  

El fiscal a cargo, Pablo Espinoza, dijo que el caso no prescribió, como sostiene la defensa de Fujimori, y reiteró que la Justicia peruana debe abrir una investigación al respecto.

Además de Fujimori, se acusa a los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres y lesiones graves contra 1.300 personas.    

Los cuatro están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse a procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país.  

En una audiencia de sustentación de cargos por el caso, Espinoza reiteró que no se puede negar a las más de 1.300 víctimas de este caso el derecho a la justicia, a ser escuchadas y a que se sancione a los responsables.

Asimismo, Espinoza rechazó otro argumento de la defensa del expresidente, que sostiene que Fujimori no tendría responsabilidad como “autor mediato” de las esterilizaciones e hizo hincapié en que el derecho a la verdad y a la justicia debe prevalecer.

“No nos puede decir que el denunciado no tuvo participación cuando vemos cómo se le informaba” lo que ocurría, insistió.

Unas 2.073 mujeres denunciaron ante grupos locales e internacionales de defensa de los derechos humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía.

Actualmente Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta  (1992), en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.

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